Estás aquí
32 marinos torturaron a 17 civiles en cinco estados del país: CNDH Derechos Humanos Enrique Peña Nieto Noticias principales 

32 marinos torturaron a 17 civiles en cinco estados del país: CNDH

No obstante, analistas como Alejandro Hope defienden la permanencia de las fuerzas armadas en las calles

 

 

Le estalla otra bomba a Enrique Peña Nieto, a pocos meses de finalizar su mandato, referente a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, legado de Felipe Calderón por la guerra contra el narco: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que 32 marinos, residentes de los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, incurrieron en actos de tortura en agravio de 17 personas, 11 de ellas violentadas sexualmente, y detenciones arbitrarias e ilegales.

Por ello, el organismo emitió una recomendación 29/2018 al titular de la Secretaría de la Marina (Semar) y al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Vidal Soberón Sanz y Alberto Elías Beltrán, respectivamente, en la que acumula 12 expedientes documentados durante el sexenio relacionados con dichos actos.

En su recomendación, la CNDH contextualiza los hechos en la política del gobierno de Peña Nieto de colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública, una continuación de la “guerra contra el crimen organizado” iniciada por su antecesor, Felipe Calderón.

En el documento, el organismo identificó un patrón de comportamiento de los marinos en su despliegue entre la población civil, lo que explica que la recomendación sea dirigida en primer término al titular de la Semar, ya que “los hechos se rencuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos actos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios a derechos humanos”.

La CNDH documentó que, en dos expedientes sobre hechos ocurridos en Piedras Negras, quienes interpusieron la queja por tortura fueron los juzgadores; en uno, ocurrido en Coatzacoalcos, la denuncia fue interpuesta por el defensor de oficio y el agente del Ministerio Público Federal, en tanto que, en el resto, fueron las propias víctimas quienes denunciaron los actos de tortura.

La investigación de la CNDH determinó que 17 agentes del Ministerio Público Federal ante los que los marinos pusieron a disposición a las personas agredidas, “violentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, porque dilataron u omitieron iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por el probable delito de tortura”, a pesar de que “tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal”.

Hasta ahora, de los 12 expedientes que se documentan en esta recomendación, sólo en cinco “se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, cuando ha trascurrido un término que oscila entre uno y tres años para el comienzo de su integración”, en el resto “se desconoce si se tramita la investigación ministerial conducente”.

El organismo instruyó a la Semar a reparar el daño a las 17 víctimas, inscribirlas en el Registro Nacional de víctimas, así como a “colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR para que investigue al personal naval que participó en los hechos”, que de acuerdo con la indagatoria de la CNDH fueron 32 efectivos que participaron en los agravios.

 

No obstante, analistas como Alejandro Hope defienden la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, aunque reconoce que éstas no han sido entrenadas como policías. “No están equipados como policías. Se les ha usado como policías porque los policías faltan o no funcionan. Pero siempre, aún en los círculos más militaristas, se ha asumido que esa es una situación anómala”, dice en su columna de El Universal.

Hope justicia que las razones son entendibles: “hay una emergencia de seguridad y un déficit de policías. Ante eso, es lógico querer echar mano de todos los recursos, incluyendo unas Fuerzas Armadas que se piensan subutilizadas al no existir (supuestamente) amenazas externas”, y agrega que el gran problema de ese argumento es que, desde la perspectiva de los militares, “las Fuerzas Armadas no están subutilizadas, sino sobrecargadas”, además de la resistencia infranqueable en el Ejército y la Marina de convertirse en policías.

El analista concluye que “la propuesta de López Obrador no parte de una reflexión a conciencia sobre la seguridad nacional, la política de defensa o el rol del Fuerzas Armadas. Hay, como ha sucedido antes, la búsqueda de un atajo en la construcción de policías. Pero ese atajo termina con muro. Hay que pensarle por otro lado”.

Con información de Proceso y El Universal.

 

 

 

80% aprueban que fuerzas armadas vigilen las calles y carreteras del país

Según estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Habitualmente, estas encuestas se utilizan para justificar que el Ejército se quede en las calles, pero lo hacen en forma amañada

Ocho de cada 10 mexicanos consideraron que corresponde al Ejército y la Marina llevar a cabo acciones de combate contra el crimen organizado, y además señalaron que ambas instituciones deben continuar con las labores de patrullaje en las calles y carreteras del país, de acuerdo con la encuesta telefónica “Fuerzas Armadas”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, donde el 74% de los entrevistados calificó como “útiles” las labores de patrullaje de estas dependencias federales en el combate al crimen organizado y la inseguridad del país.

El estudio del CESOP, publicado por Animal Político, indica que este 74% de los encuestados apoyó la creación de una ley que otorgue un marco legal de actuación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina, para realizar labores de combate al crimen organizado, que actualmente compete a los cuerpos policiacos. Solo el 21% estuvo en desacuerdo.

Un 59% de las personas, además, estuvieron de acuerdo con que la militarización del país puede resolver los problemas de seguridad, y el 74% opinó que si estas instituciones estuvieran a cargo de cárceles y Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), disminuirían los casos de extorsión y habría más y mejores controles.

Además, la encuesta refleja que la Marina y Ejército son las instituciones mejor calificadas, a pesar de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos desde el sexenio pasado.

Con información de Animal Político.

También te puede interesar: