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Sólo el pueblo puede lograr la pacificación del país: Por Jesús López Segura / La Versión no Oficial

La burocracia de seguridad estará condenada al fracaso si no es elegida democráticamente

 

La antítesis del neoliberalismo no es, como los intelectuales orgánicos de esa corriente -de pensamiento y de gobierno- quieren hacernos creer, “el populismo“. No. Lo opuesto al neoliberalismo es la democracia simple y llana, es decir, no en su acepción universalmente aceptada de caricaturas “democráticas” de mercado, impuestas por el american way of life en todo el mundo occidental, sino el auténtico gobierno de, por y para el pueblo, derivado del concepto original y unívoco de la verdadera democracia.

Los mexicanos estamos en el umbral de una disyuntiva ciertamente histórica y trascendente que, sin embargo, podría pudrirse antes de nacer. Los apuros de López Obrador para instalarse en el poder antes de su asunción formal del primero de diciembre, podrían dar pie al lamentable aborto de muchas de las principales “ideas fuerza” de su proyecto de transformación nacional.

El próximo martes darán inicio los foros para la pacificación del país en Ciudad Juárez, Chihuahua, y seguramente escucharemos ahí toda clase de prolijos proyectos diseñados y presentados por presuntos expertos en el tema de la seguridad, que darán pie a sesudas discusiones y debates, como ocurre invariablemente en este tipo de “consultas a la sociedad”, pero que en su mayoría, con las honrosas excepciones de siempre, terminarán convirtiéndose en pujas y jaloneos por obtener alguna tajada en el próximo jugoso presupuesto de seguridad, con sus respectivos espacios privilegiados en la prensa hegemónica del país.

 

López Obrador podría estar cayendo en la trampa de olvidar que la única consulta válida en este delicadísimo tema es la que se lleve a cabo en cada una de las comunidades del país, a la hora de escoger, en forma absolutamente democrática, a sus policías.

Cada comunidad, por pequeña que sea, debería contar con policías elegidos por quienes los conocen porque ahí viven y ahí desempeñarán su labor, quienes los elegirán y mantendrán o retirarán del puesto porque saben perfectamente si son capaces de responder o no a los retos desafiantes de la pacificación.

Como el caso de los alguaciles gringos, cada comunidad debería elegir a un comandante y éste designar a un número de ayudantes exactamente proporcional al tamaño de cada comunidad. Uno por cada cien habitantes, por ejemplo. Estos cuerpos comunitarios de seguridad estarían perfectamente pertrechados, armados, entrenados y proveídos de vehículos apropiados y sistemas de comunicación eficientes con mandos municipales, estatales, federales y con otros agrupamientos comunitarios vecinos.

Cada determinado tiempo, por ejemplo cada año, se harían plebiscitos para ratificarlos o destituirlos, según cumplan o no con las expectativas en un rubro que no admite demoras ni fallas, porque en ello va la tranquilidad y la vida misma de los ciudadanos. Pero en casos de evidencias emergentes de corrupción, la consulta para una eventual destitución debería ser promovida en todo momento por cualquier ciudadano que exhiba pruebas irrefutables.

Esta medida para la democratización de la burocracia de seguridad -que es la rama del aparato de Estado (fallido) que mayores fracasos exhibe en los regímenes neoliberales- podría ir complementada con la expedición masiva de permisos de portación de armas -razonablemente aptas para la defensa personal- para todo aquél que los solicite y cumpla con mínimos requisitos de no antecedentes penales y grados de escolaridad, por ejemplo, a fin de que los delincuentes organizados la piensen dos veces antes de agredir a cualquier ciudadano, hoy inerme por completo no sólo ante los delincuentes, sino ante muchas autoridades corruptas.

El “Virrey Castillo” se apresuró a desmantelar a los grupos de autodefensa y a perseguir y encarcelar a sus más conspicuos dirigentes, verdaderos héroes comunitarios, porque significaban una amenaza para La Tuta, socio criminal de Fausto Vallejo.

Contra lo que piensan los “expertos” en temas de seguridad que buscarán lucirse el próximo martes en Ciudad Juárez, la delincuencia organizada no es la causa, sino la consecuencia de la llamada guerra contra el narco. Los cárteles que conforman el “crimen organizado” en este país mantienen alianzas secretas con vastos sectores de la burocracia presuntamente avocada a combatirlos, en los tres niveles de gobierno, pero no es por eso que ha resultado imposible detener su incontenible proliferación en el trágico escenario nacional de los dos últimos sexenios. Y aquí llego al meollo de mi hipótesis -ya esbozada en colaboraciones anteriores-:

La llamada en México “guerra contra el narco” es una simulación, una mera estrategia propagandística destinada a crear la percepción -divorciada por completo de la realidad cotidiana del país-, de que “se avanza día con día en la lucha contra la delincuencia”, cuando en realidad lo único que prospera es el terror, sembrado acaso intencionalmente con la finalidad de crear las condiciones para el saqueo masivo de la riqueza nacional, objetivo fundamental de toda burocracia neoliberal.

Antes de los desplantes histéricos de Felipe Calderón -presuntamente muy aficionado al alcohol, pero compulsivamente comprometido con el paradigma prohibicionista en materia de drogas- los regímenes priistas tenían -según aseguraba el propio Calderón– un pacto secreto con grupos de narcotraficantes interesados en mantener un grado relativo de civilidad en sus actividades delincuenciales, al tiempo que proveían al Estado priista de cuantiosos recursos en efectivo.

Ello le daba una cierta estabilidad al sistema, lo que se perdió por completo con las histerias del neoliberalismo salvaje calderoniano.

Esta suerte de tolerancia -similar a la que se mantiene con la prostitución en zonas acotadas y controladas- permitía que el Estado regulara la proliferación de grupos delincuenciales demasiado violentos que trataban de arrebatar territorios a sus socios, quienes, en retribución, proveían al Estado de toda la información necesaria y el respaldo logístico para aplastarlos y establecer así las condiciones para publicitar ampliamente los “éxitos del gobierno en la lucha contra las drogas”.

De ahí la importancia del planeamiento valiente de Olga Sánchez Cordero para legalizar las drogas, medida necesaria, pero no suficiente si no va acompañada con la democratización plena de los cuerpos de seguridad nacional en todas las comunidades del país.

Los neoliberales salvajes que impusieron una dictadura fascista, disfrazada de democracia durante los pasados 30 años, con una alternancia fingida por el prianperredismo, legitimada por fallidos “árbitros electorales” -en realidad costosísimos elefantes blancos dizque “ciudadanizados”, pero más bien partidizados- para avalar toda clase de atrocidades comiciales, permanecen agazapados luego de su desastre del pasado primero de julio, en espera de arrebatar nuevamente al pueblo que los barrió, el control del país, a través de una burocracia cortesana cuya única finalidad radica en despacharse con la cuchara grande.

Ciro Gómez Leyva, el vocero de la nueva derecha nacional, conformada por los desechos beligerantes que se preparan para la resistencia luego de la estrepitosa derrota de sus enclaves partidistas, se irrita ante quienes calificamos de estúpida la guerra de Calderón y su vergonzosa continuidad peñanietista.

La estrategia ideada por Calderón es estúpida -o digamos disfuncional- sólo respecto de sus objetivos expresos de abatir los índices de tráfico y consumo, pero si nos centramos en su objetivo oculto de generar un clima de terror entre la población para domesticarla ante el fraude electoral y el saqueo de las finanzas públicas, es perfectamente funcional y hasta podríamos decir que perversamente genial.

No parece molestarle a Gómez Leyva que la creciente inseguridad en la que viven su familia, sus compañeros de trabajo y amigos, podría estar fincada en una intencionalidad perversa para garantizar que esta sociedad, paralizada por el terror, se limite a observar el desvalijamiento de su riqueza nacional, de sus instituciones, de su bienestar y de su vida misma.

El estupor del electorado mexicano fue superado con un definitivo basta el primero de julio. Si López Obrador y sus huestes de colaboradores no respaldan sin regateos su poder en el pueblo que los encumbró en las urnas, corren el peligro de una nueva burocratización que nos estanque y mate el fervor de la esperanza renacida.

El neoliberalismo, en suma, no es sólo una corriente de pensamiento y de gobierno, sino una organización criminal a gran escala, hábil para ubicar a sus miembros en crecientes espacios de poder político a través de fraudes electorales, empecinado en la hiperconcentración de la riqueza en cada vez menos manos a cualquier costo, incluido el genocidio.

El monopolio del Estado en el uso de la fuerza que impone nuestra carta magna, es usado por los leguleyos de la burocracia neoliberal y los publicistas de “la guerra contra la delincuencia” como un argumento para desacreditar los legítimos intentos de la sociedad organizada para autodefenderse, ante la ostensible incapacidad del Estado para cumplir con el más elemental compromiso del pacto social, a saber, el de brindar seguridad, es decir, el de impedir los embates criminales masivos que violan, extorsionan y matan impunemente.

Los medios hegemónicos -bajo control absoluto de la burocracia neoliberal- explotan morbosamente los cada vez más frecuentes episodios espontáneos de turbas linchadoras que aplican “justicia por propia mano” ante ya no digamos la incapacidad de las fuerzas policiales, sino muchas veces de su abierta complicidad con los criminales.

Usan esos sanguinarios microestallidos sociales como ejemplo de que la sociedad no está capacitada para organizarse en su legítima defensa, y publicitar la idea de que sólo el Ejército y la Marina, auxiliados por una burocracia policial al servicio de las élites neoliberales, pueden contener la violencia desbordada que ellos mismo han provocado.

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