Estás aquí
El robo a Pemex financia grupos políticos y empresariales, no sólo criminales: analistas del sector Corrupción Noticias principales Pemex 

El robo a Pemex financia grupos políticos y empresariales, no sólo criminales: analistas del sector

El jefe de escoltas del ex gobernador Peña, fue puesto a “cuidar” instalaciones físicas de Pemex

El huachicol no sólo paga al crimen organizado y a las policías, sino es una fuente de financiamiento para grupos políticos, para el sindicato de Carlos Romero Deschamps y para autoridades municipales, estatales y federales, coinciden especialistas en el sector energético mexicano.

Los 60 mil millones de pesos anuales que se generaban por el robo de combustible a Pemex provocarán una resistencia en los grupos políticos beneficiados, por lo que se requiere que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador investigue la ruta del dinero y entregue “caras, cuerpos y malhechores” involucrados en el mayor saqueo a la Nación, señalan los especialistas a SinEmbargo.

Shaila Rosagel reportera de SinEmbargo, rememora la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del pasado 28 de diciembre, cuando declara que el huachicoleo o robo de combustibles, que alcanzó en el 2018 la cifra récord de 60 mil millones de pesos, se perpetró bajo el amparo y conocimiento de las más altas autoridades del país:

“¿Ustedes creen que un Director de Pemex actuó, el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del Presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía. Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas”.

“¿Cómo un Presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un Secretario, de lo que está haciendo un Director General?”, también dijo en esa ocasión.

La reportera detalla que entre los funcionarios que están en la lista de los investigados por el mayor saqueo a Pemex en la historia de México está Eduardo León Trauwitz, quien fue Jefe de Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente promovió como General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP) sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) –“con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores” de la petrolera–, que le fue entregada al General Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista.

Los analistas entrevistados por SinEmbargo, coinciden en que la Unidad de Inteligencia Financiera debe “seguir la ruta del dinero” combatir de raíz el robo de combustible que ocurría en entidades como Puebla, por ejemplo, “en donde reinaba el huachicoleo a plena luz del día y ante las narices de Rafael Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali, conocido como miembro del llamado morenovallismo, que empoderó y alimentó a varios grupos políticos y empresariales durante los años de bonanza de esa actividad delictiva”.

“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]” “Mira lo que pasó con Moreno Valle. Los que conocen bien sobre el Gobierno de Puebla, sobre las dinámicas políticas, saben que si esto pasó en Puebla como estaba pasando es porque tenían conocimiento la autoridad más alta de las fuerzas armadas y el Gobernador del Estado”.

No hay manera de que una operación de la magnitud que se ha dado, por los años que se ha dado, incrementándose exponencialmente, no había conocimiento de las autoridades más altas. Por lo tanto, obviamente estos grupos políticos se van a seguir resistiendo, va haber un problemón enorme porque se les cierra la válvula de los recursos, a eso le llamo la ruta del dinero: no le llamo a cómo lavan el dinero, porque eso no lo sabemos, pero sabemos que hay grupos que se benefician del dinero: ¿quién está involucrado, relacionado con esos recursos que sin ellos no se podría realizar esta actividad?”, cuestionó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice, en una entrevista con SinEmbargo.

Miriam Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, consideró que el daño a Pemex y a la nación aún está por cuantificarse. El robo de hidrocarburos es tal, que López Obrador debe presentar a “caras y cuerpos concretos” de los responsables.

“A Pemex le cuesta mucho trabajo llevar esos controles, entonces tenemos la situación de determinar el daño y resulta muy complicado, habría que ver cómo calculó el daño anual el Presidente y saber en qué cifras se está basando. Es la primera vez que un Presidente reconoce que hay colusión de los funcionarios de Pemex, pero resulta insuficiente en la medida de que no se deslinden responsabilidades; decir que están involucrados funcionarios de Pemex es un acto valiente y terriblemente impreciso. Queremos ver cuerpos, caras, malhechores y aun viendo responsables, los delincuentes tienen relevos”, dijo.

La periodista y autora de varios libros que dan cuenta del saqueo de Pemex, Ana Lilia Pérez Mendoza, dijo en entrevista que el robo de combustible es un asunto de seguridad nacional, que va más allá de un tema con tintes políticos.

La autora del libro El Cartel Negro, explica cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Precisó que, en las zonas petroleras, quienes financian y aportan dinero a las campañas políticas son empresarios del sector petrolero.

“Son los que tienen el dinero, quienes tienen mayor capital porque los negocios están vinculados al sector. Son empresarios y esos empresarios hacen aportes a esas campañas, no quiero precisar, pero sí documento muchos casos en mis libros”, explicó.

“El nivel corruptor de las ganancias del mercado negro de combustible no ha conocido de ideologías […], cuando hablamos del robo de combustibles debemos dejar ese mito de gente que está haciendo una toma, estamos hablando de una estructura bien organizada, de crimen organizado en México, que como en todo el mundo, no conoce de ideologías. Funcionarios públicos de todos los partidos permitieron que este sistema corrupto creciera”, dijo.

En el saqueo a Pemex están involucrados desde personal sindicalizado de la empresa, funcionarios de alto rango, así como empresarios y gente de la política, concluyó.

Uno de los casos que sobresalieron durante los últimos años es el de Querétaro. Javier Rodríguez Borgio, un empresario queretano gasolinero, dueño de la red de casinos Big Bola, de un terreno en donde las autoridades federales incautaron pipas con combustible robado y que cuenta con una indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta compra de combustible robado a Pemex, financió la campaña al Senado de Francisco Domínguez Servién, hoy Gobernador de la entidad.

“Yo siempre he dicho que Javier Rodríguez Borgio es mi amigo y yo a mis amigos no los niego… me ha aportado y me aportó recursos como amigo, entre muchos amigos que lo hicieron”, dijo el entonces Senador en 2014 de acuerdo con Quadratín Querétaro. El empresario queretano que financió campañas a Domínguez Servién también le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) casi 600 millones de pesos de sus casinos Big Bola, de acuerdo con una publicación del diario Reforma el 21 agosto de 2018.

EL MAPA: LIDERAN ESTADOS PANISTAS Y PRIISTAS

Durante 2018 seis estados lideraron en el número de tomas clandestinas en el país de acuerdo con la última versión publicada por Pemex que abarca datos de enero a octubre del año pasado.

Puebla ocupó el primer lugar durante todo 2018 con 1,815 tomas clandestinas; Hidalgo el segundo, 1,726; Guanajuato el tercero, 1,547; Veracruz el cuarto, 1,338; Estado de México el quinto 1, 268; Jalisco el sexto con 1, 263; y Tamaulipas el séptimo lugar con 1,084 tomas.

En total Pemex reportó 12 mil 581 tomas clandestinas en todo el país durante ese periodo de acuerdo con el sitio web de la empresa productiva del Estado. Los siete estados estaban gobernados por administraciones panistas y priistas (algunos cambiaron de partido por la elección del 1 de julio como el caso de Jalisco y Veracruz, pero el lapso medido no corresponde a la nueva gestión que inició en diciembre).

Es el caso de Puebla, que era gobernado por Antonio Gali Fayad del PAN y que lidera la ruta del huachicol, seguido de Hidalgo al mando actualmente del priista Omar Fayad Meneses.

Guanajuato, gobernado por Miguel Márquez Martínez del PAN hasta septiembre y que continuó bajo las mismas siglas con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo –a quien le corresponde sólo el mes de octubre–ocupa el tercer lugar en tomas clandestinas.

Miguel Ángel Yunes Linares del PAN gobernaba Veracruz durante el periodo medido, entidad que se ubica en un cuarto lugar.

Alfredo del Mazo Maza del PRI gobierna el Estado de México, la entidad que ocupa el quinto lugar, mientras que a Aristóteles Sandoval Díaz del PRI gobernaba Jalisco durante el periodo reportado.

Por último, Francisco Garza Cabeza de Vaca del PAN gobierna Tamaulipas, entidad que, de acuerdo con el reporte de Pemex, se ubica en el séptimo lugar de la ordeña a los ductos.

Tomada de nota de Shaila Rosagel. SinEmbargo.

También te puede interesar: