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Interés inmobiliario, el verdadero motor del nuevo aeropuerto

OACI se desmarca de AMLO en debate por el NAIM

Para representantes de ejidos, ambientalistas, especialistas y conocedores de la zona Oriente del Valle de México, no son los aviones sino los terrenos el auténtico gran negocio en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Su construcción ha disparado la especulación inmobiliaria en el municipio de Texcoco, zona conurbada a la capital, a tal grado que el valor de los terrenos se duplicó. Lo que antes costaba 2 mil 500 pesos por metro cuadrado, ahora vale 5 mil, según la Dirección de Desarrollo Económico municipal.

No es el único caso. En San Salvador Atenco, en Teotihuacán, en Chimalhuacán, junto con las comunidades de Santa Isabel Ixtapan, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, la especulación y el acaparamiento de la tierra de los ejidos y comunidades aledañas a la zona del NAIM se han convertido en un negocio más grande y conflictivo que el nuevo aeropuerto, cuyo costo asciende ya a 285 mil millones de pesos, tan sólo en la primera de sus dos fases.

Hay terrenos que se ofrecen en 32 millones, de 1 a 100 hectáreas, en la carretera Texcoco-Calpulalpan; o hasta en 60 millones de pesos sobre la carretera Lechería-Texcoco, “a unos pasos del nuevo aeropuerto” de la Ciudad de México.

 

Así lo expresaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que en la casa de transición del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los foros realizados en el Club de Periodistas denunciaron el despojo de más de 500 hectáreas del cultivo en los parajes de Xalapango y El Paraíso por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el consorcio responsable de la construcción del NAIM.

Asimismo, habitantes del ejido de Santa Isabel Ixtapan entregaron denuncias del comisariado ejidal contra el GACM porque “las parcelas de nueva creación 1210 y 1211 no se las venderemos hasta en tanto no cumplan con los compromisos contraídos con el ejido, como son las obras y la compra-venta de parcelas individuales de nuestros ejidatarios que no han vendido”.

Desde junio de 2016, los ejidatarios de Santa Isabel Ixtapan, perteneciente al municipio de Atenco, demandaron el entubamiento de las aguas provenientes de la termoeléctrica y de los consorcios inmobiliarios ARA y GEO “que llegan sin tratar, hasta la planta tratadora de la ampliación de Nueva Santa Rosa y almacenarlas en un estanque”.

No obstante, al acercarse la fecha para la realización de la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto, tiende a polarizarse el debate entre quienes exigen que continúe y se termine esa obra en Texcoco y quienes enfatizan los defectos e inconvenientes de ese proyecto y se manifiestan por su cancelación. Mientras unos enfatizan las objeciones aeronáuticas a la propuesta del nuevo gobierno, de convertir la actual base militar de Santa Lucía en un nuevo aeropuerto civil que opere en forma simultánea al actual, los segundos subrayan que la obra en curso en Texcoco es inviable, o cuando menos peligrosa, por el tipo de suelo en el que se edifica –un lago desecado–, incosteable en su terminación y su mantenimiento, violatoria de los derechos de los pueblos de la región y desastrosa por su impacto ecológico en la zona y por sus efectos en el sistema hídrico de la cuenca del valle de México.

Sin embargo, la discusión no tiene por qué centrarse en la disyuntiva entre Texcoco y Santa Lucía, ambos en el Estado de México, habida cuenta de que la indiscutible insuficiencia del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez puede resolverse de otras maneras. Debe considerarse, por ejemplo, que alrededor de la capital hay otras cuatro terminales aéreas internacionales que no están siendo utilizadas en toda su capacidad: las de Querétaro y Toluca, de clase uno, y las de Cuernavaca y Puebla, de clase dos.

Si el proyecto del NAIM en Texcoco continuara, sería inevitable cerrar la actual terminal aérea capitalina, inhabilitar la base aérea de Santa Lucía y se mantendría la subutilización de los aeropuertos de Querétaro, Toluca, Puebla y Cuernavaca; todo ello implicaría, a fin de cuentas, un injustificable derroche de recursos públicos, sólo explicable por una extremada impericia en la planificación, por la realización de negocios indebidos o por el empecinamiento en renunciar a políticas públicas en materia aeroportuaria para dejar el sector al arbitrio del mercado y a las determinaciones de aerolíneas, constructoras y consorcios operadores de terminales aéreas.

 

 

OACI se desmarca de AMLO en debate por el NAIM

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aclaró en una carta enviada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que aún falta una evaluación general sobre la viabilidad técnica de operar conjuntamente la Base Aérea de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Una empresa que se conoce como OACI (sic), que tiene prestigio en todo lo que tiene que ver con aviación, espacio aéreo y estudios de ese tipo, (declaró) desde entonces que era posible mantener el actual aeropuerto y utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía, es decir, que se podía operar los dos aeropuertos, que no había problemas de espacio aéreo”, aseguró el próximo presidente el 8 de octubre en un video difundido en sus redes sociales.

En una carta fechada el 3 octubre y firmada por Melvin Cintron, director de la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la agencia especializada de Naciones Unidas en materia de aviación reitera que siguen siendo válidas las conclusiones del estudio (Proyecto MEX/13/801) que realizó en 2013 de que la mejor opción para desarrollar una nueva terminal aérea es el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El análisis de la OACI se enfocó en analizar cuatro alternativas: la ampliación de la capacidad del AICM, repartir el tráfico en el Sistema Metropolitano de Aeropuertos compuesto por el propio AICM, más los de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. La tercera, complementar al actual aeropuerto actual con una nueva instalación en Tizayuca y, la última, la construcción en Texcoco.

Al respecto, la agencia de la ONU aclara que la decisión sobre la nueva terminal no corresponde a la agencia de aviación. “El rol de la OACI es el de proveer asistencia solicitada por los Estados contratantes a nivel de expertos internacionales”.

Con información de Proceso, La Jornada y El Sol de México.

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