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Peña romperá récord en robo de combustible

El ilícito es 42 veces mayor que en la gestión de Fox, cuyo costo asciende a 30 mmdp

 

La administración de Enrique Peña Nieto cerrará su ciclo con el número de tomas clandestinas de combustible más alto en la historia de México, a partir de que se empezó a contabilizar este delito de manera formal (2010). En seis años, las perforaciones ilegales que diversos grupos delincuenciales realizan en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían estar por arriba de las 40 mil tomas clandestinas, cifra que se alcanzaría con los resultados que la petrolera dé a conocer entre agosto y noviembre.

Con este número de incidencias sobre la red de ductos, cuya longitud es de 17 mil kilómetros destinados para la transportación de petrolíferos y petroquímicos, el crimen organizado en todas sus modalidades habría realizado en promedio 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero de 2013 y el 30 noviembre de 2018.

“Es una locura, el problema es gigantesco. Hay que considerar que lo que se roban es una fortuna, que no va a los niños que están estudiando, sino va a dar a los mismos cárteles, con lo cual aumentan la maldad”, reconoció el director de la empresa petrolera, Carlos Treviño Medina, quien, en entrevista con El Universal, reconoció que el costo de lo robado supera los 30 mil millones de pesos anuales.

“Deja esas 40 mil tomas clandestinas que tenemos, lo que hacen esos delincuentes con ese dinero es peor, porque lo usan para armarse, para pagar informantes, para seguir violentando la ley y causándole un daño patrimonial a Pemex y al país”, añadió.

El alto número de perforaciones supone además, que los cárteles del narcotráfico, grupos especializados en el robo de combustibles y bandas criminales, entre otros, habrían perforado en promedio 2.3 veces cada kilómetro de la red de ductos, concentrándose en entidades federativas y municipios perfectamente localizables: Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Tamaulipas, entre los más importantes.

En mayo de 2017, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, calculó que el daño económico de la ordeña era de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Sin embargo, en marzo de este año, el director de Pemex dijo que la cifra era de 30 mil millones.

De acuerdo con la empresa EnergeA, Proyectos de Energía, el aumento del delito está asociado a varios factores, entre ellos, debilidades legales: “El robo de hidrocarburos es un delito grave que se ha incrementado exponencialmente desde 2008, y si bien entró en vigor la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el 11 de enero de 2016, su efecto disuasorio contra el robo de hidrocarburos en México es todavía incierto”.

La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex revela que el incremento en el número de perforaciones se presenta como resultado “de que México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas”.

En el más reciente informe a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera detalló que el país “ha experimentado un aumento en el delito, principalmente por las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico, lo cual ha detonado el desarrollo del mercado ilícito de combustibles y ha dado lugar al mayor robo y comercio ilegal de los combustibles que produce Pemex, a pesar de que el gobierno federal ha implementado medidas y reforzado las fuerzas militares y policíacas y, junto con la empresa”.

EnergeA, Proyectos de Energía, recomienda considerar reformar la definición de instalaciones estratégicas previstas en los artículo 146 de la Ley General del SNSP y el 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para incorporar al resto de la actividad petrolera a las obligaciones mínimas en materia de resguardo de instalaciones estratégicas, como en exploración y producción; desarrollar un diagnóstico de riesgo propio, programas de prevención y mitigación ante los riesgos del robo de hidrocarburos, el uso de tecnología y procesos que permitan prevenir, detectar y en su caso minimizar los daños que sufran, y crear un órgano copresidido por las secretarías de Gobernación y Energía.

Con información de El Universal.

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