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Petroleras gringas imponen sus reglas a México    

Existe un mecanismo en el USMCA que blinda contratos e inversiones

Estados Unidos, como siempre, consiguió lo que quería en el marco del nuevo acuerdo comercial con México y Canadá. La industria petrolera estadunidense deseaba, más que nada –además de conservar el marco trilateral–, un mecanismo conocido como resolución de disputas inversionistas-Estado o ISDS, por sus siglas en inglés, para proteger sus inversiones.

El USMCA, por sus siglas en inglés, incluye cláusulas para mantener vigente el mecanismo, con el ISDS las empresas multinacionales pueden incluso demandar a los gobiernos si éstos imponen nuevas regulaciones o acciones que afectan negativamente sus inversiones, incluyendo por ejemplo nuevas normas ambientales.

El sector empresarial argumentaba que ese mecanismo era necesario para proteger sus inversiones ante cambios de políticas o de gobiernos. Más de 392 millones de dólares de fondos públicos han sido pagados a empresas con el ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la fecha.

Los críticos señalaban que este mecanismo vulneraba la soberanía de un gobierno local, estatal o federal, mientras ambientalistas y organizaciones de defensa de consumidores lo criticaban por ser un obstáculo a la promoción de medidas ecológicas o sanitarias.

Este mecanismo está en el capítulo 11 del TLCAN, y diversos intereses –conservadores y liberales– buscaban anularlo por diferentes razones en el nuevo acuerdo, y lo lograron en gran medida, pues el texto final elimina el ISDS dentro de tres años.

Pero hay una excepción: por acuerdo entre Estados Unidos y México, el ISDS se mantiene vigente para cuatro sectores en México, incluyendo la industria de hidrocarburos (las otras son telecomunicaciones, transporte e infraestructura).

Las empresas petroleras trasnacionales se congratularon por lograr esta victoria clave para proteger su inversión en el sector petrolero mexicano desde que ese país abrió el sector a la inversión extranjera en 2013.

Para ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y Total, entre otras, mantener ese mecanismo en el caso de México fue una prioridad. Esa industria cabildeó intensamente en meses recientes para poder retar al gobierno mexicano si cambia las reglas e intenta nacionalizar de nuevo a su sector energético, reportó el Washington Post.

La organización de defensa del consumidor Public Citizen resalta en su análisis del texto del acuerdo, que la inclusión de este mecanismo fue específicamente para proteger los contratos obtenidos por nueve empresas estadunidenses en el sector de hidrocarburos en México, pero se puede ampliar más. Por tanto, propone que se elimine.

Con información de La Jornada.

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