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“Los derechos no se consultan, ¡se respetan!… ¿Cuánto cuesta un ecocidio?”: opositores al NAIM

La obra, un “monumento a la corrupción” y un “enorme error por el lado que se vea”: Encinas

 

Integrantes del gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciaron “por el lago de Texcoco”, es decir, en contra de la construcción en ese lugar de la nueva terminal aérea internacional.

“Nosotros preferimos el lago”, soltó Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), y explicó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) –el megaproyecto más oneroso de la administración saliente de Enrique Peña Nieto– resulta un “monumento a la corrupción” y un “enorme error por el lado que se vea”.

“Desde que comenzó el proyecto ha habido engaño tras engaño. Decían que no se iba a desecar el lago Nabor Carrillo y ahora lo vemos totalmente desecado; este proyecto es un enorme error desde el lado que se le vea, un enorme error hasta económico, pues tendría un costo inicial de 169 mil millones de pesos y ahora van 250 mil, y la mayor parte de ese dinero se ha destinado para que no se inunde el Nuevo Aeropuerto”, expuso Encinas.

En la misma línea se pronunciaron María Luisa Albores –futura secretaria de Bienestar, que sustituirá a la Sedesol–, Jesús Ramírez Cuevas y Adelfo Regino Montes, quienes fungirán como coordinador de Comunicación Social y titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, respectivamente.

Los integrantes del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a realizar una visita de manera directa e indirecta a los pueblos afectados por las obras del NAIM. “Para que se ensucien los zapatos”, dijo un poblador que se encontraba en el público.

Ello ocurrió durante un largo encuentro que sostuvieron representantes de pueblos afectados por el NAIM y siete futuros secretarios de Estado, en el marco de las “mesas de trabajo” que el gobierno entrante realiza con los actores involucrados: empresarios a favor del proyecto, ingenieros, expertos ambientales y pueblos afectados (en contra); las cuales culminarán el próximo domingo 28 con una “consulta ciudadana”.

Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), no pudo detallar cómo se llevará a cabo dicha consulta, pero prometió que se escuchará a “todos los mexicanos” y que la consulta será “informada”.

Sin embargo, cuando informó que la próxima semana se reunirá con expertos ambientales para “tomar una decisión conjunta, consensada”, las voces del público se elevaron para reclamarle: “La decisión está tomada, el aeropuerto a la chingada”. Y una pobladora añadió: “Los derechos no se consultan, ¡se respetan!”.

Para los representantes de los pueblos del oriente del Estado de México que participaron en el evento, la única consulta legítima es la que debió realizarse con las comunidades indígenas afectadas, de manera previa, libre e informada, como lo establecen los tratados internacionales que ratificó México.

“No es posible que ustedes le den más atención al poder empresarial y no a los pueblos, que permitan que ellos tengan todo y nosotros nada”, dijo Felipe Álvarez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Y advirtió: “Si no hace justicia a los pueblos, vamos a creer que este gobierno es más de lo mismo”.

Asimismo, exigió a la próxima administración “que no agarre las herramientas que el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto utilizó y sigue utilizando para despojarnos de nuestras tierras”. Luego, dirigiéndose a los futuros secretarios, soltó: “No quieran pagar los platos rotos que ustedes no han quebrado”.

Los pobladores subrayaron que el NAIM “no tiene base legal en materia ambiental” –pues sus impactos rebasan los contemplados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) –, y su construcción violó los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

Hilda Fernández Beltrán, habitante de Ixtapaluca, deploró la devastación del cerro El Elefante y denunció la “voracidad de los poderosos” en el NAIM, que calificó como “proyecto colonizador que provoca un ecocidio, un uso irracional de los recursos naturales y la destrucción de nuestro entorno vital, un proyecto que viene acompañado de violencia y muerte”.

Según la activista, el proyecto del NAIM no evalúa los costos de “seguir enriqueciendo a mafias político-empresariales”, y preguntó: “¿Cuánto cuesta un ecocidio?”.

Los representantes de los pueblos también afirmaron que las obras del NAIM están devastando cerros enteros, y detallaron que para sacar el tezontle, que sirve para llenar la losa de cimentación del aeropuerto y evitar que se hunda, operan más de 150 minas, cuando la MIA sólo autorizó 16.

En ello coincidió Josefa González Blanco Ortiz Mena, la futura encargada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al reconocer que las consecuencias ecológicas y medioambientales del proyecto “pueden ser catastróficas a largo plazo”, y reiteró que “el derecho humano al agua está por encima del desarrollo económico de unos cuantos”.

En un tono provocativo, uno de los pobladores pidió: “Hagamos una consulta para que repartamos la fortuna de la dinastía Slim entre nuestros pueblos”, en referencia al magnate cuyas empresas recibieron los contratos más jugosos para la construcción del NAIM.

Tras señalar a las empresas de los magnates Slim, Carlos Hank Rhon, Rolando Cantú Barragán –presunto primo de Juan Armando Hinojosa Cantú– o Hipólito Gerardo Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, Vicente García de Jesús, un poblador de Chalco, lanzó: “¿Nos quedará duda de a quién beneficia esta obra?”.

Jiménez Espriú negó que el próximo gobierno dé más importancia a los empresarios, deploró que las consultas a los pueblos indígenas no fueran “libres y previas”, e insistió: “Lamentablemente estamos ante la vía de los hechos, ya con bastantes pasos adelante”.

Al final del evento, cuando un niño le preguntó si se pronunciaba a favor del NAIM o del lago de Texcoco, el político evadió con una retórica ambigua: “Yo creo en la juventud, la niñez y los mexicanos, estaré con lo que digan gente como tú, como tus papás”.

Se rememoró la violenta represión contra pobladores y mujeres de Atenco en 2006 –avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, a quien los afectados piden se juzgue por delitos de lesa humanidad–; los asesinatos y agresiones contra activistas, perpetrados por grupos de choque; las “políticas de racismo” y los despojos de tierras, o la corrupción de comisarios ejidales y procuradores agrarios.

“Cada administración llegó con su veneno a corromper nuestro tejido social”, deploró América del Valle, activista de Atenco.

María Luisa Albores, quien tomará las riendas de la Secretaría del Bienestar, recordó que ella viene del movimiento de la Sierra Oriental de Puebla, y soltó: “Yo prefiero la vida, y la vida es el lago y son ustedes”.

Y, tras criticar “las estructuras de despojo”, añadió: “Aquí hay decisiones tomadas, y como instituciones tenemos que escuchar y respetarlas”.

Por último, Jesús Ramírez Cuevas aseguró que la próxima administración escuchará a los pueblos indígenas y afirmó: “Es una muestra de lo que va a ser la cuarta transformación”. Asimismo, condenó el “uso de la violencia” y la “represión” contra los pueblos en resistencia, así como la violación de las mujeres de Atenco.

Con información de Proceso y La Razón.

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