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Instan ONU y CNDH a abrogar la Ley de Seguridad Interior

López Obrador deberá reconocer que existe una crisis de derechos: AI

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) pidieron ayer al Senado mexicano revisar y ampliar las disposiciones del marco regulatorio en derechos humanos, abrogar la Ley de Seguridad Interior y que la Fiscalía General de la República sea verdaderamente autónoma.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseveró que para no tener otro 2 de octubre y que el Estado opte por el respeto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático, ante cualquier tentación autoritaria México requiere una fiscalía verdaderamente autónoma, que genere y confianza en su desempeño.

Al participar en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la legisladora panista Kenia López, el ombudsman destacó que la debilidad del Estado de derecho y la impunidad existente que la sociedad percibe, sólo podrá cambiarse si se genera una certeza razonable de que las normas efectivamente se van a aplicar, con independencia de quienes sean las personas involucradas, dejando de lado toda práctica de corrupción.

Pidió a los legisladores revisar la Ley de Seguridad Interior, misma que vulnera derechos humanos y no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, demandó revertir el paradigma militar en materia de seguridad entronizado en la cuestionada Ley de Seguridad Interior, emitir un marco regulatorio sobre el uso legítimo de la fuerza acorde con los estándares internacionales y crear un registro de detención único a escala nacional que permita documentar toda privación de la libertad.

También solicitó instaurar una Fiscalía General de la República que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad y la rendición de cuentas; derogar la figura del arraigo, tal como lo hizo la Cámara de Diputados en abril pasado; abrogar la prisión preventiva oficiosa, y crear una institución nacional forense de carácter autónomo.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, resaltó que el próximo gobierno federal debe reconocer la crisis de derechos humanos que vivimos y que el Ejecutivo en turno no quiso reconocer. Asimismo, demandó la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, la prisión preventiva oficiosa y la figura del arraigo.

Con información de La Jornada.

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