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Familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, los socios mexicanos de Odebrecht

Al golpear a Jiménez Espriú, Meade se lleva entre los pies a Peña y su embajador en Washington

 

El escándalo de los actos de corrupción cometidos por la empresa brasileña Odebrecht colocó a su socia mexicana Idesa, propiedad de la familia del embajador de México en Estados Unidos, en una incómoda posición ante los reflectores, aunque el funcionario se desmarca. La historia del consorcio méxico-brasileño que dio forma a Braskem-Idesa data de 2009. Desde entonces, gobiernos del PAN y del PRI le abren espacios a la par que Pemex los pierde. Si en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari México contaba con 237 plantas petroquímicas, en el de Felipe Calderón apenas llegaba a 67. Este reportaje se publicó originalmente el 19 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la revista Proceso bajo el título “El caso Odebrecht roza al embajador en Washington”. A continuación se reproduce íntegro.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El escándalo de la corrupción de Odebrecht alcanzó al embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández. Su familia es accionista mayoritaria de Grupo Idesa, conglomerado que durante el gobierno de Felipe Calderón se asoció con Braskem S.A., la filial petroquímica de Odebrecht.

La relación de Odebrecht con la familia del embajador del gobierno de Enrique Peña Nieto en Washington se mantuvo fuera de los reflectores hasta la semana pasada, cuando se conoció la muerte, el viernes 10, del ingeniero Guillermo Gutiérrez Saldívar.

Accionista y presidente del Consejo de Administración de Grupo Idesa, Gutiérrez Saldívar era el padre del embajador en Washington y de Patricio Gutiérrez Fernández, delegado del Consejo de Administración de Idesa.

Dedicada a la fabricación de plásticos y materiales sintéticos, la empresa fue fundada en 1956 por el abuelo del embajador, Pascual Gutiérrez Roldán, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Adolfo López Mateos. La familia Gutiérrez ahora posee 26% de las acciones y según el embajador, él no tiene ninguna participación accionaria.

En 2009, durante la gestión de Calderón, Idesa se asoció con el “brazo petroquímico” de Odebrecht y crearon la firma Braskem Idesa, la gran beneficiaria del desmantelamiento del área petroquímica de Pemex a través de la construcción de la planta Etileno XXI, el complejo petroquímico más grande de México, ubicado en Nanchital, Veracruz.

El hermano del embajador fue el director financiero del consorcio Braskem Idesa S.A.P.I., y en el contrato de la sociedad méxico-brasileña con Pemex para la construcción y operación de esa planta firmó entonces como director de Planeación y Desarrollo de Negocios de Idesa. Ahora es el delegado del Consejo de Administración de la empresa que sigue siendo dominada por la familia del jefe de la misión diplomática de México en Washington.

Más allá de su relación con Braskem, la familia del embajador creó apenas en octubre del año pasado la sociedad Idesa Petroquímica S.A. de C.V., constituida por Grupo Idesa y Desarrollo Corporativo Idesa. En la nueva sociedad, el padre del embajador quedó como presidente del Consejo de Administración y su hermano, como consejero propietario.

En carta enviada a Proceso, el embajador se deslindó de cualquier interés con la empresa familiar. Aseguró que no tiene ninguna participación accionaria en ella y que, como funcionario, no ha intervenido en alguna acción en beneficio de Braskem Idesa.

“Desde 1992, año en que ingresé por primera vez a la administración pública federal, y hasta la fecha, no he tenido participación alguna ni acciones en Grupo Idesa”, señaló en su carta fechada en Washington el pasado miércoles 15.

Aseguró que ante un potencial conflicto de interés, “como resultado de las actividades empresariales de mi familia y mi responsabilidad como embajador de México en EUA, asenté esta relación como parte de mi declaración patrimonial de intereses ante la Secretaría de la Función Pública”.

Además, “puedo afirmar que no he intervenido en asunto alguno relacionado con la empresa de mi familia, incluyendo cualquiera que tenga que ver con su asociación con Braskem a través de Braskem Idesa”.

Las aseveraciones del embajador respecto de la inexistencia de un conflicto de interés, sin embargo, son difíciles de corroborar. En todas sus declaraciones públicas ha evitado que se conozca su situación patrimonial.

Es más, en su última declaración, del 29 de abril de ese año, fue claro: “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece hasta el cuarto grado de parentesco la posibilidad de que un servidor público se beneficie en asuntos de interés personal, familiar o de negocios.

En su carta, el embajador Gerónimo Gutiérrez precisó que su padre fue presidente de Idesa durante 15 años y que la sociedad del grupo mexicano con la filial brasileña de Odebrecht va a aportar la información que les requiera la autoridad.

Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, considera que a raíz del escándalo internacional de Odebrecht, el prestigio de Idesa está en peligro, pues ahí tiene su capital como empresa que vende en 30 países.

El escándalo de Odebrecht colocó a Idesa “al filo del daño colateral, pues, al final de cuentas, quedó bailando en una pista con un socio incómodo que hoy está en la cárcel”, dice a Proceso, en alusión a los ejecutivos de Odebrecht ahora procesados bajo prisión en Brasil.

Ingeniera química especializada en petroquímica e integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Nahle cuenta que Idesa fue invitada por el gobierno de Calderón para participar en Etileno XXI, en tanto que otras como Alfa y Mexichem declinaron seguir en el proyecto.

Asegura que cuando a Idesa le propusieron el proyecto, le pusieron sobre la mesa a Braskem con un gran flujo de capital, bajo la promoción de la entonces secretaria de Energía de Calderón, Georgina Kessel Martínez. “Fue el propio gobierno de Calderón que promovió y presentó a los brasileños con Idesa”, dice la legisladora, quien se entrevistó con integrantes de la empresa mexicana.

La sociedad Braskem Idesa fue en noviembre de 2009 y en febrero de 2010 firmó con el gobierno de Calderón el contrato de Etileno XXI. La planta entró en funcionamiento en junio de 2016, con un costo de 5 mil millones de dólares.

En octubre de 2010, Nahle pidió información sobre la venta de gas etano por parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica de Pemex (PGPB) a Braskem Idesa para Etileno XXI.

PGPB rechazó la petición de información por considerarla “confidencial y estratégica”. A través de un recurso de impugnación, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ordenó que se entregaran los datos requeridos, pero Braskem e Idesa se ampararon por separado para impedir que se conociera el contrato. En particular, la fórmula a través de la cual Pemex les va a vender la materia prima origen del polietileno, utilizado en la millonaria industria del plástico.

Ambas empresas argumentaron que de darse a conocer, perderían su ventaja competitiva. El dato clave es que Pemex le venderá al consorcio el gas más barato respecto de los precios internacionales. El compromiso que adquirió el Estado mexicano es venderle al consorcio méxico-brasileño 66 mil barriles diarios de gas etano durante 25 años, con la posibilidad de que la demanda de la empresa aumente y, en caso de incumplimiento, Pemex será sancionada, aunque el monto o tipo de castigo se mantiene en reserva.

 

El desmantelamiento

La llegada de Marcelo Odebrecht a México implicó algo más que grandes negocios para los brasileños, o presuntos y millonarios sobornos a funcionarios mexicanos. Su peor consecuencia ha sido el lento y perenne desmantelamiento de los complejos petroquímicos mexicanos.

El contrato con Braskem Idesa, que se firmó cuando el director de Pemex Gas y Petroquímica era Jordy Herrera, ha mermado la capacidad de producción petroquímica de Pemex, limitándola hasta en 30 o 40%, según cálculos de la diputada Nahle.

A la falta de insumos, que BraskemIdesa retiene, se ha sumado la suspensión de obra y mantenimiento de los dos principales complejos petroquímicos propiedad del gobierno: Morelos y La Cangrejera, así como la subasta de terrenos y maquinaria de la planta petroquímica Escolín el próximo viernes 24, para que la iniciativa privada los transforme ahora en zonas residenciales.

Esto es, en suma, el efecto devastador en una de las áreas de Pemex que trajo consigo la llegada de Marcelo Odebrecht a México, según se deriva de documentos internos de Pemex, como el contrato Pemex-Braskem-Idesa, convocatorias de licitaciones y documentos internos de Idesa de los cuales Proceso tiene copias.

 

2008, el inicio

Desde 1998, en el gobierno del priista Ernesto Zedillo, se intentó privatizar el complejo petroquímico Morelos. Idesa fue invitada, pero el proyecto fracasó.

A la llegada de Vicente Fox se pretendió construir una gran planta generadora de etileno. Su nombre sería Fénix, pero también fracasó. Felipe Calderón, quien en 2003 fungía como secretario de Energía, se llevó la idea a su gobierno y retomó el proyecto en 2008.

Su principal invitado era Idesa, que ya tenía un largo camino en el tema. Braskem, la empresa de Marcelo Odebrecht, aún no figuraba. De hecho, las concursantes fueron Idesa, Mexichem, Alfa y Grupo Mexicano de Inversionistas.

En marzo de 2008 Braskem decide unirse a Grupo Mexicano de Inversionistas; Mexichem y Alfa declinan seguir en la puja por la planta de Etileno. Así, para noviembre de 2009, Braskem-Idesa presenta la propuesta económica que se queda con el contrato millonario de gas etano.

La Planta Etileno XXI se echó a andar en junio de 2016 con un costo de 5 mil millones de dólares, pero en el camino, el gobierno de Felipe Calderón se encargó de ir minando a los competidores de Braskem: las plantas petroquímicas del gobierno.

Si en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari México contaba con 237 plantas petroquímicas, en la administración de Felipe Calderón apenas llegaban a 67.

México contaba con cinco complejos petroquímicos: Morelos, La Cangrejera, Pajaritos, Cosoleacaque y San Martín Texmelucan, además de las “unidades petroquímicas” como Escolín, Tula y Camargo.

Hoy Pajaritos ya no existe luego de la explosión ocurrida en 2016, mientras que Escolín fue una de las unidades que se dejó “morir” al grado de que hoy, parte de sus terrenos y maquinaria, propiedad de Pemex, están siendo subastadas.

Apenas el pasado 25 de octubre, Pemex lanzó la convocatoria para participar en la licitación pública a todos aquellos que pretendan utilizar los terrenos para “actividades no residenciales” o a instituciones de crédito que funjan como fideicomisarios para usarlos con “fines residenciales”.

La subasta incluye los terrenos de la petroquímica Escolín, ubicados entre Poza Rica y Coatzintla, Veracruz. Una primera subasta es de 602 mil 307 metros cuadrados con una construcción de 65 mil 991 metros cuadrados, el valor de referencia es de mil 572 millones de pesos.

La segunda subasta de los terrenos de la petroquímica Escolín son una superficie de 30 mil 396 metros cuadrados y una construcción de tres mil 98 metros cuadrados, su monto de venta es de 68 millones de pesos.

La presentación de documentos y aperturas económicas de los postores será el próximo viernes 24.

El presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, envió al director general de Pemex, José Antonio González Anaya, una carta donde le expresa su inconformidad por la subasta de los terrenos. Le pide su cancelación y solicita se les cedan los derechos de los poco más de 630 mil metros cuadrados para desarrollar en ellos proyectos económicos sustentables.

Le recuerda que Poza Rica es uno de los municipios petroleros “que más han aportado riqueza y trabajo a México”. Hasta el momento González Anaya no ha respondido y la subasta sigue en pie.

Difícilmente, el director de Pemex dejará pasar la posibilidad de subastar los terrenos de la petroquímica, pues implicaría dejar de recibir poco más de mil 600 millones de pesos. Lo anterior porque a su llegada a Pemex, en febrero de 2016, anunció recortes por 100 mil millones de pesos como única manera de sacar adelante a la petrolera del país.

De acuerdo con el documento que entregó a la Cámara de Diputados en febrero de ese año, la venta de los terrenos ya los tenía en la mira. “Se tiene identificado un conjunto de operaciones que pueden generar ingresos adicionales al presupuesto, por ejemplo, desincorporación de diversos activos y monetizaciones”, se lee en el documento.

En el mismo texto se estableció que los complejos petroquímicos pasarán de 5 mil 300 millones de pesos de presupuesto a quedar en apenas 300 millones de pesos. Esto implicó “diferir o replantear inversiones”.

Para el caso del complejo petroquímico Morelos se disminuyeron 17 millones de pesos, con lo cual se suspendieron trabajos de obra civil, suministro y puesta en operación, y en el de La Cangrejera, se eliminaron 78 millones, lo que significó “suspender la rehabilitación de talleres de mantenimiento”. También se planteó restarle 81 millones de pesos a Pajaritos, pero esta finalmente explotó y salió del mercado.

Rocío Nahle sostiene que las petroquímicas están trabajando a 30%. Desde 2010 dijo que Etileno XXI sería una competencia desleal para Pemex, pues el gobierno terminaría retirándole el gas etano a las petroquímicas para dárselo a Odebrecht. Y ocurrió.

El 15 de noviembre de este año, el reportero Gerardo Enríquez, del Diario del Istmo de Coatzacoalcos, reveló que Pemex importará gas etano de Texas o Pensilvania para surtir los complejos de La Cangrejera y Morelos. “El producto llegará en barco procedente de Estados Unidos y se almacenará en la Terminal Refrigerada de Pajaritos y posteriormente se distribuirá por tubería a las plantas de polietileno de La Cangrejera y Morelos.

 

Proceso.- https://www.proceso.com.mx/538307/los-socios-mexicanos-de-odebrecht

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