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¿Acorralados?: Por Jesús López Segura / La Versión no Oficial Corrupción Editorial Nacional 

¿Acorralados?: Por Jesús López Segura / La Versión no Oficial

Corral se perfila como el campeón anticorrupción… o como un gran simulador

 

La reacción del presidente Enrique Peña y de su secretario de Hacienda ante las gravísimas acusaciones de desvío de fondos federales al PRI nacional, formuladas en la ya famosísima investigación de la Procuraduría de Chihuahua, es muy preocupante.

Peña actuó, de bote pronto, no como lo haría un jefe de Estado sereno, que se siente seguro y espera rebatir los argumentos jurídicos -en el presunto “Estado de Derecho” que él encabeza- con la solvencia de quien se sabe inocente y tiene los pelos de la burra en la mano.

Sale a declarar que los recursos hacendarios se distribuyen, escrupulosamente, sin sesgos partidistas. Como si su palabra fuera suficiente, descalifica el trabajo de investigación que realiza la procuraduría de un estado de la República. El presidente de México y su titular de Hacienda reaccionaron de manera automática como lo haría un cómplice que se siente acorralado, sin alusión al apellido de su verdugo mediático, el gobernador Corral.

Le suspenden a Chihuahua la transferencia de fondos extraordinarios -pactados apenas unos días antes- aludiendo directamente a un problema de “no saber si el vehículo (el convenio) iba a ser cuestionado en el futuro como se han puesto en entredicho las transferencias hacendarias objeto de la disputa legal en curso”, según explica en entrevista con Carlos Loret un secretario de Hacienda que parece, con sus argumentos y francamente con su aspecto, un ser de otro mundo.

Se argumenta incluso de manera infantil que el número de la cuenta estaba equivocado y que ya no es posible retransferir el dinero por el cierre del ejercicio fiscal anual. Se alega también falta de recursos, lo que debería, en primera instancia, haberse considerado antes de firmar los convenios.

Los cabilderos mediáticos del oficialismo, como Ciro Gómez y Carlos Puig, esgrimen el argumento adicional de la “discrecionalidad legal” de Hacienda en el manejo de esos recursos extraordinarios, pero hacen de lado la afirmación del gobernador Corral en el sentido de que cuenta con los documentos del convenio, firmados el 14 de diciembre. La discrecionalidad ya no aplicaría después de signar esos “vehículos” como les dice a los convenios José Antonio González Anaya.

Y más le vale al gobernador Corral presentar esos documentos ante la opinión pública, porque de no hacerlo, los señalamientos de que todo esto es una farsa mediática para impulsar la campaña de Ricardo Anaya cobrarían pleno sentido, sobre todo después del garrafal error de haberle dado un tinte francamente partidista a su puesta en escena televisiva, rodeado de personajes de gran credibilidad como el actor Daniel Giménez Cacho o la analista Denise Dresser, pero cobijado también con oportunistas electoreros como Luis Sánchez, el gozoso usuario de la trata de personas.

Si se demuestra en el proceso judicial en curso que efectivamente existió el desvío de 250 millones de Hacienda hacia el gobierno de César Duarte y de ahí al PRI de Manlio Fabio Beltrones, y que este mecanismo podría ser la norma de transferencia de recursos federales hacia las elecciones en favor del partido en el poder en otros estados de la República, el Presidente Peña y su secretario de Hacienda en turno deberían ser los primeros interesados en aclararlo. Estarían moral, política y judicialmente obligados a colaborar con la investigación, y a no descalificar en automático a quien la encabeza, porque el pueblo de México ya está cansado de tanto latrocinio.

El candidato del PRI, por su parte, rompió muy pronto su promesa de mantener durante el resto del año el espíritu de concordia que expresó, junto con su esposa, en su mensaje navideño, al atacar con una virulencia exagerada, acusando a Corral -sin pruebas- de torturador.

Si el gobernador norteño es incapaz de sustentar jurídicamente sus acusaciones, en el sentido de que José Antonio González Anaya condiciona el reparto del pastel hacendario a intereses partidistas, se verá en serios aprietos, pues dejaría evidencia de que quien está tratando de sacar raja política de este escándalo es él. ¿No cree usted?

 

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