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Peña declara la guerra a México: John M. Ackerman Libertad de expresión Nacional Seguridad 

Peña declara la guerra a México: John M. Ackerman

MÁS AUTORITARIOS QUE NUNCA/RICARDO RAPHAEL

 

El 30 de julio de 1968 un pelotón militar destruyó de un bazucazo la puerta principal de la Escuela Nacional Preparatoria.

El 18 de septiembre de ese mismo año tanques del Ejército mexicano y diez mil soldados ingresaron a Ciudad Universitaria. Durante el operativo seiscientos estudiantes fueron detenidos con arbitrariedad.

Seis días después, durante la madrugada, las Fuerzas Armadas ocuparon instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN): el Casco de Santo Tomás, Zacatenco y también la vocacional número 7.

Para conmemorar los cincuenta años de aquel lastimoso episodio de la historia mexicana, el jueves de la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que le entrega enorme poder a las Fuerzas Armadas, la Marina y la Fuerza Aérea; mucho mayor del que tenían en 1968.

El dictamen de la ley de Seguridad Interior que será discutido en la Cámara Alta, en vez de entregarle certidumbre jurídica a la actuación militar en la lucha contra el crimen organizado, normaliza el autoritarismo en el país.

Como concesión graciosa los redactores de esta pieza legislativa incluyeron una cláusula que previene frente al uso de la fuerza militar contra las protestas de carácter social o electoral. Cabe sin embargo recordar que en 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó que el Ejército persiguiera a los jóvenes estudiantes porque los consideró agentes de una conspiración internacional dispuesta para destruir al Estado mexicano.

¿Cómo olvidar el discurso que dio durante su cuarto informe de gobierno?

“No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos.”

Un mes después, el gobierno asesinó a los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, no porque estuvieran protestando en la calle, sino porque eran una amenaza para la seguridad nacional.

El problema entonces, y ahora de nuevo, es la ambigüedad que permite utilizar el concepto de seguridad nacional para justificarlo todo.

La iniciativa aprobada el jueves tiene como principal deficiencia que no traza fronteras claras entre la seguridad pública, la interior y la nacional. Peor aún, una lectura sistemática de ese texto lleva a concluir que las Fuerzas Armadas pueden asumir como nacional cualquier tipo de seguridad, y por tanto intervenir sin freno ni contrapeso en ámbitos que no son constitucionalmente de su competencia.

No tiene desperdicio el artículo 6 del dictamen enviado al Senado: “… las Fuerzas Armadas … implementarán, sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos.”

Es decir que no es siquiera necesario que el Consejo de Seguridad se reúna para que las tropas atiendan “oportunamente,” actos como “la interferencia extranjera en asuntos nacionales” (artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional) —es decir, aquello por lo que fueron acusados, y por tanto masacrados, los estudiantes del 68.

La Ley de Seguridad Interior podría haber sido una cosa buena para la salud democrática del país de haber tenido como sincero propósito aportar elementos de certidumbre para las Fuerzas Armadas cuando combaten al crimen organizado.

Sin embargo, al extender la definición de seguridad nacional hacia cualquier ámbito de la seguridad (pública e interior) —es decir, al devorarse la primera definición a las otras dos— se abre la peligrosa puerta de incrementar al infinito la presencia de militares en aquellos ámbitos que, en cualquier democracia, han de ser gobernados por la autoridad civil.

Este texto es peligrosísimo porque en vez de precisar y acotar la actividad del Ejército —en vez de dotarle de verdaderos asideros constitucionales— sus redactores optaron por entregarle tanto poder a las Fuerzas Armadas como no lo habían tenido desde que concluyó la Revolución mexicana.

Destaca también el tiro de gracia que se le impone al federalismo. Calificando con tanta facilidad cualquier tema como de seguridad nacional, los estados quedarán sometidos, sin redención alguna, a las voluntades del gobierno nacional y sobre todo de las Fuerzas Armadas. Ni los conservadores más centralistas del siglo XIX se hubieran atrevido a una propuesta así de grave.

ZOOM: El Ejército pidió reglamentar su presencia en las calles para combatir al crimen organizado. En revancha, el poder civil decidió abdicar a sus potestades para entregar todo a los militares. Más tarde que temprano nos arrepentiremos de esta temeraria decisión.

 

Peña declara la guerra a México: John M. Ackerman

Si el Senado avala la Ley de Seguridad Interior (LSI), ya aprobada por los legisladores priistas y calderonistas en la Cámara de Diputados, el régimen autoritario mexicano finalmente se quitará la máscara para transitar abiertamente hacia una dictadura militarizada.

Es falso que esta ley busque regular o dar cobijo a la actuación de los militares contra el crimen. En realidad, constituye una abierta declaración de guerra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón contra todo el pueblo mexicano, y sobre todo contra los activistas sociales y movimientos políticos de oposición que luchan por democratizar y modernizar el país.

Algunos justifican la presencia de los militares en las calles por motivos de seguridad pública. Afirman que frente a la corrupción desbordada y la falta de profesionalización de los cuerpos policiacos, alguien tiene que mantener el orden. También sostienen que si los militares están arriesgando sus vidas con el fin de garantizar la paz, por lo menos habría que desarrollar un marco jurídico que clarifique sus funciones y establezca controles precisos.

Aceptando, aunque sin conceder desde luego, esta problemática argumentación, la ley mencionada de ninguna manera cumple con este propósito. No ofrece claridad jurídica a los militares ni protección a los ciudadanos, sino todo lo contrario.

Para muestra, un botón: el artículo 18 de la ley de seguridad interior dice explícitamente que en ningún caso, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las fuerzas armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

No podría ser de otra manera porque la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil y la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. De manera complementaria, el artículo 129 dice que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Y si el Presidente llegara a requerir de manera excepcional, emergente y temporal a los militares para tareas diferentes a su función constitucional, tendría que acotarse estrictamente al procedimiento delineado en el artículo 29 constitucional, incluyendo la aprobación por el Congreso de la Unión y controles de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La función de los militares es defender a la nación contra amenazas externas, no internas. Si Peña Nieto y Calderón quieren cambiar la naturaleza y las facultades de las fuerzas armadas, tendrían que hacerlo desde la misma Constitución.

La citada ley entonces de ninguna manera avala la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen. Ninguna ley puede colocarse por encima de la Carta Magna.

¿Para qué sirve entonces la LSI? ¿Si no regula la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, por qué tanta urgencia para aprobarla fast track sin discusión ni debate alguno?

La respuesta es obvia para quien la quiera ver: Peña Nieto y Calderón se preparan para utilizar las fuerzas armadas y evitar una verdadera alternancia política en las elecciones del próximo primero de julio 2018. Buscan utilizar los militares para alejar a los ciudadanos de las urnas, así como evitar el reconocimiento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

El contenido de la LSI refleja claramente esta intención. Entre las amenazas a la seguridad interior que justificaría la intervención de las fuerzas armadas se incluyen movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que no sean absolutamente pacíficas. Es decir, será suficiente colocar un par de provocadores encapuchados para romper vidrios durante cualquier protesta poselectoral para justificar la intervención del Ejército en la represión de los manifestantes.

La ley también avala la intervención militar para frenar cualquier acto tendente a consumar la rebelión o a inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico. Es decir, la ley autoriza que los militares intervengan para dispersar cualquier reunión de personas que pudiera estar apenas planeando alguna acción de bloqueo de una carretera o una protesta contra algún edificio gubernamental.

La LSI no incluye control alguno de parte del Congreso o de la Suprema Corte. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad unilateral y discrecional de utilizar los militares para fines políticos cuando así le parezca conveniente.

Es también importante recordar que desde 2002 México forma parte del NorthCom o Northern Command del Departamento de Defensa estadunidense. Este mando único para América del Norte, establecido con la venia de Vicente Fox, tiene el fin de defender y asegurar Estados Unidos y sus intereses (véase).

Así que la ley de seguridad interior no sólo nos somete a los caprichos militares de Peña Nieto, sino también a los de Donald Trump.

Todos los mexicanos, incluyendo los mismos soldados y quienes defienden la presencia de los militares en las calles, tendrían que oponerse a esta ley que desvirtúa y politiza la función de las fuerzas armadas y también afecta gravemente la soberanía nacional al someternos a las órdenes del desquiciado neofascista que hoy despacha en la Casa Blanca.

CON INFORMACIÓN DE:

MÁS AUTORITARIOS QUE NUNCA/RICARDO RAPHAEL
http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/mas-autoritarios-que-nunca

La Jornada.- http://www.jornada.unam.mx/2017/12/04/opinion/020a1pol

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