Estás aquí
Salud no tuvo prioridad: Jesús Reyes Heroles Corrupción Salud 

Salud no tuvo prioridad: Jesús Reyes Heroles

El fraude del Seguro Popular (II): Ricardo Raphael. Política Zoom

 

En México los fideicomisos del gobierno son un instrumento arbitrario para mover el dinero público sin transparencia.

Los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos.

A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el gobierno federal distrajo del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guarda sus recursos. De este segundo hecho se sabe poco y sin embargo es tanto o más grave que el primero.

Revisando la cuenta pública de 2015 la ASF detectó irregularidades en la mayoría de las entidades federativas. Sus respectivas tesorerías transfirieron una enorme cantidad de recursos del Seguro Popular —13 mil millones de pesos— a diversas cuentas bancarias desvinculadas de este programa.

Un año después la ASF topó con el mismo patrón. 28 de las 31 entidades federativas exhibieron malos manejos por 6 mil 500 millones de pesos, sin que sus respectivos gobiernos pudieran decir en qué se habían gastado el dinero, ni contaran con documentos comprobatorios.

A la fecha, Gabriel O’Shea —cabeza del Seguro Popular— sigue peleando, vía la ASF y la Secretaría de la Función Pública, para recuperar lo extraviado.

Es sin embargo menos conocido el hecho de que el gobierno federal haya incurrido en prácticas equiparables. Entre 2014 y 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró del fideicomiso donde se guardan los dineros del Seguro Popular alrededor de 13 mil millones de pesos para destinarlos a otros propósitos.

Es falso que sólo los estados hayan manejado estos fondos de manera irregular. También la Federación se metió con recursos que no debía.

Durante el periodo mencionado, la SHCP impuso un recorte presupuestal grande para sortear las presiones que se recargaron sobre las finanzas públicas, a partir de la caída en los precios internacionales del petróleo.

Sin embargo, una cosa era recortar el gasto y otra meterle mano a los ahorros que los mexicanos veníamos haciendo para financiar el Seguro Popular. Si se revisan con cuidado las reglas de operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud —la alcancía del Seguro Popular— no aparece en ningún lugar autorización para que la SHCP retire las aportaciones que la Federación hizo previamente.

Lo que se da no se quita pero esa Secretaría y el Comité Técnico del fideicomiso tomaron la decisión de sustraer 13 mil millones que no han reintegrado aún.

El Fiduciario, Banobras —institución entonces dirigida por el gobernador electo del Edomex, Alfredo del Mazo Maza— no debió haber devuelto ese dinero a la Federación. Fue un acto contrario a las normas.

Esos 13 mil millones son ahorros que el Seguro Popular venía acumulando desde el 2004, cuando tal fideicomiso fue creado. De acuerdo con sus reglas de operación tales recursos únicamente podían utilizarse para financiar infraestructura hospitalaria, equipamiento o gastos catastróficos erogados por las instancias afiliadas al Seguro Popular.

Por desgracia en México los fideicomisos donde se almacenan recursos presupuestarios continúan siendo un instrumento arbitrario para mover los dineros públicos sin tener que rendirle cuentas a nadie.

¿Cuándo regresará la Federación estos recursos al Seguro Popular?

La pregunta es relevante porque, de haber contado con ellos, esa institución podría hoy, por ejemplo, promover servicios de diálisis para los enfermos renales o hacer que se atiendan a las personas que padecen enfermedades cardiovasculares.

Servirían también para contratar más enfermeras y para equipar con un mayor número de camas a los hospitales que hoy sufren gran escasez.

Lo peor del caso es que —como están las cuentas en ese fideicomiso— el Seguro Popular terminará cerrando sus puertas antes de 2023. De no resolver el monumental quebranto, habrán sido los gobernantes irresponsables de los estados, pero sobre todo de la Federación, quienes cancelaron el derecho constitucional que los mexicanos tenemos a la salud.

ZOOM: Los fideicomisos del gobierno federal son el principal instrumento de la impunidad presupuestaria mexicana. O más precisamente, son el pase del mago que permite distraer y desaparecer recursos públicos cuantiosos.

 

 

Salud no tuvo prioridad: Jesús Reyes Heroles

Para mejorar la calidad y eficiencia, el servicio médico debe ser portable y los individuos deben poder decidir quién los atiende

El sexenio transcurrió y la salud no fue tema importante. No se incluyó en el acuerdo político del sexenio con relevancia. Más de 10 años después de que Julio Frenk y el Congreso introdujeron el Seguro Popular, mejoraron pocos aspectos: muchos de quienes carecían de seguro ahora tienen acceso a algunos servicios; la mortalidad infantil se redujo 28%, el gasto “empobrecedor” en salud disminuyó (de 3.3 a 0.8%), y la vida promedio aumentó 1.3 años (aunque en la OCDE, aumentó tres).

Sin embargo, en balance, la situación en salud sigue siendo de horror: en 15 años, la tasa de sobrepeso y obesidad entre adultos pasó de 62.3% a 72.5%; y hoy, 15.9% de los adultos padece diabetes, en contraste con 6.9% en la OCDE. El gasto de bolsillo se mantiene como el más alto en la OCDE: cerca de 41% del gasto total. Asimismo, desde 1990, las muertes por eventos cardiovasculares disminuyeron 38%, y las muertes por infarto, sólo 1% (en la OCDE disminuyeron 54% y 48%, respectivamente). Además, persisten ineficiencias en el sistema: los costos administrativos son de los más altos de la OCDE (5.7% del gasto total); y más de 15 millones de mexicanos están inscritos en más de un sistema de salud.

México gasta 5.8% del PIB en salud, menos del promedio de la OCDE (9.0%). Este limitado gasto se refleja en los recursos del sistema: 2.4 médicos, 2.8 enfermeros y 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, en contraste con 3.4 médicos, 9.0 enfermeros, y 4.7 camas en la OCDE. A pesar de que, por el Seguro Popular, el gasto público en salud aumentó de 2.5% a 3.0% del PIB de 2003 a 2016, éste no se tradujo en mejor salud. La corrupción tiene mucho que ver, sobre todo en los gobiernos estatales.

El diagnóstico es conocido (véase EL UNIVERSAL, febrero 25, 2016), se necesita un sistema de salud unificado, funcional, en el que el acceso a los servicios esté determinado por la necesidad y no por el estatus laboral. Para mejorar la calidad y eficiencia, el servicio médico debe ser portable y los individuos deben poder decidir quién los atiende. Hoy, cerca de un tercio de los asegurados se ve forzado a cambiar de asegurador debido al cambio en su condición laboral, lo que afecta la continuidad del servicio médico y su paquete de beneficios.

En el diagnóstico del sistema de salud de México que la OCDE realizó en 2005, se incluyeron varias recomendaciones, de las que destacan cuatro: i) asegurar un financiamiento adecuado del sistema; ii) eliminar las barreras existentes para el acceso a servicios de salud de personas no cubiertas por la Seguridad Social; iii) promover mayor eficiencia de los proveedores de servicios médicos; y iv) mejorar la gobernanza del sistema.

De esas recomendaciones, sólo se avanzó en la segunda: la cobertura del Seguro Popular ha crecido para alcanzar cerca de 50 millones de personas y se amplió el paquete cubierto, aunque dicho catálogo sigue teniendo limitaciones; por ejemplo, no incluye algunas enfermedades “catastróficas”, como ataques cardiacos a mayores de 60, diálisis después de fallas renales, cáncer de pulmón y esclerosis m …

De esas recomendaciones, sólo se avanzó en la segunda: la cobertura del Seguro Popular ha crecido para alcanzar cerca de 50 millones de personas y se amplió el paquete cubierto, aunque dicho catálogo sigue teniendo limitaciones; por ejemplo, no incluye algunas enfermedades “catastróficas”, como ataques cardiacos a mayores de 60, diálisis después de fallas renales, cáncer de pulmón y esclerosis múltiple. En otros aspectos, las mejoras han sido pocas o nulas, como el ahorro derivado de consolidar las compras de medicamentos.

Recientemente, la OCDE hizo algunas recomendaciones adicionales para transformar el sistema de Salud de México. Entre las propuestas destacan la necesidad de una reforma integral, centrada en mejorar acceso, calidad, eficiencia, y sustentabilidad del sistema. De lo contrario, no será posible afrontar el rápido crecimiento de enfermedades relacionadas con los cambios demográficos y de estilo de vida. La Secretaría de Salud debe asumir mayor liderazgo y rectoría del sistema, a la par que fomentar la participación de clínicas y hospitales privados para mejorar el acceso, calidad y eficiencia de los servicios, lo que incluye farmacias que ofrecen consultas.

Además, asegurar el acceso a todos los mexicanos, sin importar su estatus laboral, a un paquete de beneficios claramente definidos. Para esto, se requiere transitar a un financiamiento de la salud mediante impuestos generales, separar el seguro médico de otras funciones de Seguridad Social e implementar un registro nacional de pacientes, consolidado y operable en los diferentes sistemas. Habiendo tantos pendientes, ¿por qué no se habla de esto?

 

Con Información de:

Ricardo Raphael. Política Zoom. El fraude del Seguro Popular (II):
El Universal.- http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2017/08/10/el-fraude-del-seguro-popular-ii
Jesús Reyes Heroles. Salud no tuvo prioridad
El Universal.- http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jesus-reyes-heroles-g-g/nacion/2017/08/10/salud-no-tuvo-prioridad

También te puede interesar: