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¿Es Peña Nieto cómplice, por omisión, de los asesinos de periodistas? / LA VERSIÓN NO OFICIAL: Por Jesús López Segura Derechos Humanos Nacional Seguridad 

¿Es Peña Nieto cómplice, por omisión, de los asesinos de periodistas? / LA VERSIÓN NO OFICIAL: Por Jesús López Segura

¿El exterminio de comunicadores es parte de una política de saqueo de la Nación?

 

Del año 2000 a la fecha han sido asesinados, con absoluta impunidad, 120 periodistas en México. En cualquier país medianamente civilizado, la falta de esclarecimiento de la muerte de un solo comunicador sería motivo de escándalo y de una implacable investigación del tipo “caiga quien caiga”. Aquí, la barbarie transcurre como lo más natural del mundo.

Alarma el número de comunicadores mexicanos muertos, pero mucho más la indolente impunidad con la que las autoridades añaden al agravio, la burla y el escarnio. Lejos de renunciar a sus cargos, los burócratas en el ámbito de la “seguridad” emiten ofensivas declaraciones que jamás trascienden el nivel de la retórica, con una sola resultante: Se fortalece el ánimo de los asesinos, al tiempo que se debilita la vocación y el compromiso de los periodistas. Ése parece ser el objetivo de su demagogia insolente.

Es claro que el Gobierno mexicano no va a hacer nada eficaz para detener la masacre de periodistas. Asesinar comunicadores parece ser en este país, precisamente, el objetivo final y lógico de una política de depredación y saqueo de los recursos públicos. El desprecio inaudito hacia la prensa crítica, fomentado desde las propias oficinas de Comunicación Social de los gobiernos Federal, estatales y municipales -con muy honrosas excepciones- forma parte orgánica de una política global destinada a la apropiación de los bienes de la Nación por cuenta de un puñado de burócratas, delincuentes de cuello negro.

El Gobierno mexicano paga miles de millones de pesos a los medios hegemónicos, nacionales e internacionales, para garantizar el sometimiento de sus líneas editoriales. Los embates contra periodistas famosos para descarrilar sus carreras dentro de esos medios, desde la llegada de Eduardo Sánchez a la vocería presidencial, son demasiado evidentes como para ignorarlos. A los periodistas famosos como Brozo y Carmen Aristegui no se les asesina, porque ello generaría un escándalo internacional de proporciones incontrolables, pero se les somete, se les compra, o de plano se les expulsa de sus exitosas plataformas, para obligarlos a empezar de cero, mientras se consiente y apapacha a periodistas esquiroles que llegan a despojarlos, como Ciro Gómez Leyva. A los comunicadores críticos que no son tan famosos, simplemente se les elimina.

 

Es igualmente claro que los medios hegemónicos de comunicación tampoco harán nada para proteger a sus trabajadores, más allá de simular un duelo cargado de hipocresía.

Quien espere “protección” de este gobierno es un mal periodista, porque su ingenuidad le impide percibir una realidad obvia para cualquiera, mucho más para quien presuma de un ojo crítico y objetivo: La política de exterminio contra la prensa crítica ha sido propiciada, de manera por demás evidente, por el propio Gobierno que manda condolencias y pone en funcionamiento órganos burocráticos tan rimbombantes como inútiles para detener, de una vez por todas, el horror que nos acecha. “Les vale madres”, dice incluso un comunicador orgánico como Carlos Loret de Mola.

Cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México, tenía una política de Comunicación Social relativamente tolerante con la prensa crítica. Era respetuoso y hasta podríamos decir que amistoso con los periodistas que lo criticábamos. No trataba de arruinar económicamente, como Eruviel Ávila, a los medios críticos. Pero algo sucedió cuando llegó a la Presidencia. Los rudos como su compadre Luis Miranda y su secretario particular, Erwin Lino, empezaron a desplazar en el ánimo presidencial a los inteligentes y negociadores, a los “técnicos” como David López.

De la persecución económica, de la implacable cancelación de “convenios de publicidad”, los políticos autoritarios suelen pasar al exterminio físico de periodistas que no someten su línea editorial a los caprichos del poder. De la mala relación con la prensa crítica se pasa a la represión, a las acciones de violencia institucional contra la sociedad civil, con la concomitante dependencia cada vez más acentuada de las fuerzas armadas.

Esta espiral de brutalidad se vuelve insostenible para un gobierno pretendidamente “democrático” y lo hace cada vez más dependiente de una prensa cortesana que lo adule y lo justifique, lo que va generando más y más desesperación entre los pobladores a los que no se puede convencer de un modelo autoritario, caduco y sangriento.

En ese círculo vicioso ha caído el Gobierno de Enrique Peña Nieto, incapaz de haber detenido a tiempo los excesos de sus correligionarios escandalosamente ladrones como Javier Duarte, el típico imbécil que sólo entiende la relación con los medios en términos de “plata o plomo”.

Como periodista, exijo que si son incapaces de brindarme la seguridad a la que están obligados, me permitan armarme hasta los dientes para mi autodefensa. Es lo menos que me pueden conceder mientras pasa la pesadilla de un Gobierno que será recordado por siempre como cómplice, consciente o inconsciente, de los asesinos de periodistas.

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